No basta con apelar a la falta de aparcamiento para modificar el PGOU, dice el tribunal al Ayuntamiento. El fallo impide que el planeamiento reduzca el estándar de protección ambiental

Fue en la campaña electoral de las anteriores elecciones municipales cuando el PP lanzó la idea de levantar un aparcamiento en altura junto al mercado del G-9 para paliar la falta de plazas en esta zona del barrio de Gamonal. Después anunciaría su proyecto de construir otro en Cellophane, al mismo tiempo que avanzaba en los trámites para ejecutar un estacionamiento de dos plantas en Corazas, en el Casco Alto. Tras estos primeros pasos llegaron las  protestas. En primer término, las de los vecinos de la calle María Amigo, que empapelaron los edificios del barrio con carteles de rechazo. Luego se pronunciarían en contra las familias y la Ampa del colegio Sierra de Atapuerca. Con todo, el 17 de enero de 2025 fue aprobada en el Pleno, con votos de populares y de Vox, la modificación del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) necesaria para dar cobertura legal a este tipo de dotaciones. Es cierto que justo en ese instante el equipo de Gobierno plegaba velas y se avenía a negociar con los vecinos afectados otras soluciones.

Pero por si acaso el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) ha dictado una sentencia que tumba dicho cambio en el planeamiento, con lo que da la razón al grupo municipal socialista, que recurrió dicha modificación por considerar que se trata de «un disparate».

Dos son los razonamientos que esgrime la Sala de lo Contencioso de Burgos para fallar en contra de las pretensiones del equipo de Gobierno. Por un lado, considera «notablemente insuficientes» los argumentos que aparecen en la memoria justificativa de la modificación del Plan General. Según la sentencia, no basta «apelar a la notoria escasez de plazas de aparcamiento para permitir como uso dotacional el de aparcamiento en cualquier parcela dotacional y, sobre todo, en la red viaria». Era el caso del estacionamiento proyectado en María Amigo, que se iba a elevar sobre la actual calle.

En segundo lugar, alude al «principio de no regresión» que abandera el Tribunal Supremo. Por exigencias de este axioma «la modificación de un planeamiento, en la medida en que reduzca el estándar de protección ambiental, ha de tener una justificación por razones de interés público claramente identificadas y de suficiente entidad». El estudio de movilidad y tráfico del actual PGOU, en el que se recogen informes sobre la situación del aparcamiento en la ciudad, contempla ocho propuestas, entre cuyos objetivos figuran la pacificación del tráfico, destinar mayor espacio a peatones, más transporte público, etc. Estos propósitos, según la resolución judicial, «no resultan conciliables con la propuesta de modificación, la cual no va acompañada de una memoria que justifique dicho cambio». 

Advierte el mismo fallo que dicha alteración del Plan General «implica la posibilidad de ocupación de parcelas dotacionales y cualquier tramo de red viaria con aparcamientos sobre rasante», un hecho que «no puede ser de aplicación mecánica, sino que exige un esfuerzo de ponderación que debe quedar reflejado en el expediente administrativo con una exposición de motivos bien argumentada». Y esto no ocurre, según el fallo.

Fuente: Diario de Burgos